Los datos que desmontan el modelo Muface
El último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es revelador: mientras que el SNS garantiza Atención Primaria en el 91% de los municipios, la sanidad privada apenas alcanza el 16%.
Madrid--Actualizado a
Cuando el Consejo de Ministros encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) una evaluación profunda del sistema mutualista, pocos esperaban que el resultado fuera una radiografía tan descarnada de una estructura que, lejos de representar un modelo ejemplar de cobertura sanitaria, pone sobre la mesa serias dudas sobre su eficiencia, sostenibilidad y pertinencia en pleno siglo XXI. El informe, publicado a finales de marzo de 2025, disecciona sin eufemismos el modelo de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), dejando al descubierto una maquinaria que, si bien ha resistido gracias a una financiación extraordinaria del Estado, empieza a evidenciar señales de agotamiento a nivel estructural.
La primera licitación para renovar el concierto, que caducaba el año pasado, quedó desierta y pese a que la segunda estimaba una subida de más de un 30% iba por el mismo camino, hasta que el gabinete de Óscar López tomó la decisión de ceder una tercera vez y elevar el aumento de las primas a un 41,2%. Inyección que ha supuesto un desembolso de 4.808 millones de euros.
Una rareza en el contexto europeo
El mutualismo administrativo en España es una rareza en el contexto europeo. A diferencia de países como Italia, Grecia o Portugal, que integraron los regímenes especiales de funcionarios en sus sistemas nacionales de salud durante sus respectivas reformas estructurales, España sigue manteniendo un sistema sanitario paralelo para más de 1,6 millones de funcionarios. Este modelo, sostenido por un híbrido de financiación público-privada, asigna a los mutualistas la posibilidad de elegir entre la provisión pública y la privada.
El problema es que esta libertad de elección no se traduce en equidad ni en eficiencia. Los hallazgos de la AIReF son contundentes: solo el 24% de los mutualistas opta por la sanidad pública, pero ese porcentaje se dispara al 70% cuando se trata de episodios hospitalarios de severidad mayor o extrema, especialmente en patologías como el cáncer o la insuficiencia renal. Es decir, la privada sirve mientras el problema es leve, pero cuando se complica, el mutualista corre a la seguridad del sistema público. En concreto, en casos como quimioterapia o diálisis, el 66% de los mutualistas elige la sanidad pública. Entre los menores de 40 años, la proporción llega al 90%.
En 2023, el sistema mutualista generó 2.865 millones de euros en ingresos, de los cuales un abrumador 79% provino directamente del Estado. En contraposición, solo el 17% correspondió a las cotizaciones de los funcionarios. Este desequilibrio, que pone en duda el carácter contributivo del sistema, ha permitido mantener a flote un modelo que no solo es económicamente más costoso que el Sistema Nacional de Salud (SNS), sino también más desigual.
El gasto por mutualista en la modalidad privada fue de 1.030 euros en 2022, frente a los 1.405 del SNS. Pero esta cifra no refleja una mayor eficiencia, sino una cobertura más limitada y, en ocasiones, servicios de calidad cuestionable (hace justo un par de semanas un grupo de oncólogos de la sanidad pruvada denunciaba públicamente haber recibido presiones por parte de la empresa privada Atrys Health y su filial Bienzobas para restringir la prescripción de tratamientos oncológicos de alto coste). Además, cuando se incluyen otros componentes, como el copago farmacéutico o las prestaciones complementarias, el gasto total se dispara, alcanzando los 2.810 millones anuales.
El gasto per cápita del mutualismo
Resulta llamativo que, mientras muchas comunidades mantienen su inversión en sanidad pública congelada, lo que se traduce en recortes y ajustes presupuestarios; el gasto per cápita del mutualismo haya crecido un 52,7% entre 2010 y 2022, frente al 40% del SNS. Sobre todo cuando cerca del 70% de los mutualistas declaran que se cambiarían a la pública si no fuera por las listas de espera que se derivan de un sector asfixiado. En consultas rutinarias o pruebas diagnósticas rápidas, la privada gana adeptos por su mayor accesibilidad.
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Especialidades como traumatología, dermatología y ginecología tienen tasas de uso cuatro veces superiores en la modalidad privada respecto al SNS. Las resonancias magnéticas se triplican. Con todo, esta hiperfrecuentación no se traduce necesariamente en mejor salud, sino que también podría responder a una posible sobreactuación de la oferta privada que encarece el sistema sin demostrar su eficacia clínica. Según la AIReF, esto se debe a que la falta de control de adecuación clínica y la ausencia de historia clínica digital común debilitan la capacidad del sistema para medir resultados en salud y prevenir sobreprescripción o duplicidad de pruebas.
Medicamentos a precios seis veces superiores
Uno de los capítulos más escandalosos del estudio es el de la farmacia hospitalaria para pacientes externos. En algunos casos, los centros privados han facturado medicamentos a precios seis veces superiores a los del sistema público. Además, el uso de genéricos y biosimilares es sistemáticamente menor en la modalidad privada. El 40% de los medicamentos en la modalidad pública son genéricos, frente al 32% en la privada. La ausencia de receta electrónica en buena parte del sector privado mutualista impide además controlar la calidad y racionalidad de la prescripción.
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La desigualdad no solo se da en la calidad y el acceso a la atención, sino también en su distribución geográfica. Mientras que el SNS garantiza Atención Primaria en el 91% de los municipios, la sanidad privada apenas alcanza el 16%. En comunidades como Extremadura, los mutualistas suponen el 5,5% de la población protegida, mientras que en el Euskadi apenas representan el 0,9%.
Consciente de que la situación actual es insostenible, la AIReF propone dos reformas estructurales. La primera: transitar hacia un sistema de adscripción voluntaria al mutualismo. Esto permitiría que quienes no quieran estar en Muface puedan integrarse directamente al SNS, eliminando así aportaciones innecesarias y generando ahorro a lo público. La segunda: incorporar progresivamente a los nuevos mutualistas al sistema público. Una medida que, advierte la AIReF, no puede ejecutarse sin antes reforzar el SNS.
El informe no lo dice abiertamente, pero lo sugiere: el mutualismo administrativo, tal como está concebido hoy, responde más a una lógica de privilegio histórico que a una necesidad sanitaria actual. Su mantenimiento no se justifica ni por criterios de equidad, ni de eficiencia, ni de sostenibilidad. La paradoja es que, mientras el Estado destina recursos crecientes a sostener este sistema, buena parte de sus beneficiarios recurren al SNS cuando su salud realmente peligra. Y muchos de ellos —un 30% de los mutualistas de opción pública— tienen además contratado un seguro privado adicional. En otras palabras, los mutualistas disfrutan de un triple paraguas: provisión privada, pública y seguro complementario, todo ello financiado en buena parte por el erario común.
El documento también destaca la ineficiencia operativa del sistema. La existencia de tres mutualidades (Muface, Isfas y Mugeju) con estructuras administrativas casi idénticas, pero costes de funcionamiento muy distintos, sugiere que una reorganización podría generar importantes economías de escala. Mugeju, la más pequeña, tiene un coste por mutualista tres veces superior al de Muface.
Estos datos y conclusiones del informe están en sintonía con lo que respaldan asociaciones en defensa de la sanidad pública, como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que sostiene que la desaparición del modelo mutualista sería beneficiosa para el sistema sanitario público a largo plazo. Para estas organizaciones, el modelo actual perpetúa desigualdades al financiar con recursos públicos un sistema privado que no está al alcance de toda la ciudadanía. La FADSP también aboga por la integración total de los funcionarios en el sistema público, lo que, bajo su pronóstico, aliviaría las tensiones financieras y administrativas derivadas de los conciertos con las aseguradoras.
Una postura que también ha sido apoyada por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha calificado a Muface como un "subsistema anacrónico"; y por el secretario de Estado Javier Padilla, que ha defendido la capacidad del sistema público para absorber a los mutualistas. No en vano el Ministerio de Sanidad publicó el informe MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud donde se mostraba la viabilidad de un futuro trasvase progresivo de los mutualistas.
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